Dienstag, 17. Februar 2004

Indeseables

Diario Reforma, 24 de Agosto del 2007, sección Opinión, serie Jaque Mate, página 14:
Indeseables
Sergio Sarmiento

"Ser un extranjero no es una enfermedad". - Alden Nowlan

Es un país que abiertamente viola los derechos de los inmigrantes. Pero para denunciarlo, es importante primero conocer sus políticas.

Se trata de un país que mantiene una estrategia de abierta cacería y hostigamiento de los inmigrantes, legales o ilegales. Su gobierno ha establecido una agencia cuya principal función es regular y supervisar la estancia de los extranjeros y, en caso de alguna irregularidad, expulsarlos.

Los inmigrantes indocumentados que descubre la policía especial de esta agencia son tratados como criminales comunes. Se les recluye en centros de detención que no son más que cárceles disfrazadas. No se les otorga un abogado de oficio. De hecho, según las leyes locales, no tienen ningún derecho.

Si bien el gobierno de esta nación ha ratificado la Convención de Viena sobre derechos consulares, los extranjeros son comúnmente deportados sin que se notifique a su consulado. Un artículo de la Constitución establece abiertamente que el Gobierno podrá expulsar de manera discrecional a cualquier extranjero sin necesidad de un juicio previo, aun cuando el extranjero tenga residencia legal en el País.

De manera constante, la Policía migratoria realiza redadas en lugares donde se piensa que hay extranjeros ilegales. Una persona puede ser detenida simplemente por el color de su piel o por su acento. Incluso los nacionales deben comprobar su identidad. Si alguien es detenido por esta Policía especial, y no cuenta con documentación para comprobar que es ciudadano del País o que tiene residencia legal, se le encarcelará mientras comprueba su condición migratoria o mientras se le expulsa.

Adquirir la residencia legal, sin embargo, no elimina las prácticas de discriminación. La propia Constitución establece que los nacionales serán preferidos a los extranjeros para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos y comisiones de gobierno. Ningún extranjero podrá servir en el Ejército ni en ningún cuerpo de policía o de seguridad pública. Tampoco podrá ser capitán, piloto, patrón, maquinista, mecánico o tripulante de una embarcación o aeronave.

La ley establece cuotas máximas para el número de extranjeros con residencia legal que pueden trabajar en una empresa. Las compañías tienen obligación de verificar la residencia legal o la nacionalidad de sus trabajadores o empleados.

A los bancos se les requiere también que certifiquen la ciudadanía o la residencia legal de sus clientes. Un extranjero no puede obtener una licencia de conducir si no comprueba ser ciudadano o tener residencia legal. Las constancias consulares de identidad que pudieran expedir gobiernos extranjeros no son válidas para obtener esta licencia.

A una esposa extranjera de un nacional no se le permite trabajar en el País. Las escuelas públicas no ofrecen programas bilingües de instrucción para los hijos de extranjeros. Todos los tratos con el Gobierno deben llevarse a cabo en la lengua oficial. El Gobierno no ofrece traductores para ningún trámite o litigio ni toma medidas para asegurar que haya información bilingüe en transportes públicos o en instituciones de servicio social.

A los extranjeros, aun cuando tengan residencia legal, se les prohíbe ocupar cargos públicos importantes. Incluso si obtienen la nacionalidad, se les siguen vedando muchas posiciones gubernamentales. Aun un ciudadano por nacimiento tiene prohibido ser Presidente si cualquiera de sus padres es extranjero.

No sólo se impide a los extranjeros ocupar cargos públicos, sino que se les prohíbe involucrarse de cualquier manera en los asuntos políticos del País. Participar en una manifestación o expresar una opinión política, cualquiera que ésta sea, puede ser motivo de expulsión inmediata, aun cuando uno tenga residencia legal. El Gobierno no tiene siquiera que explicar las razones. Un extranjero que expresa su oposición, por ejemplo, a un edificio que será construido en su vecindario puede ser expulsado del País.

Los derechos de propiedad de los extranjeros están limitados. A ellos, y sólo a ellos, se les prohíbe ser dueños de casas, apartamentos, oficinas o locales comerciales cerca de la frontera o en las costas. Los extranjeros tampoco pueden invertir en acciones de determinadas empresas ni ser dueños o socios de vehículos de transporte público o gasolineras.

Éste es un país que abiertamente rechaza los flujos migratorios, que tiene un porcentaje minúsculo de extranjeros entre su población, que sigue considerando extranjeros a quienes llevan generaciones viviendo en el País.

No, no se trata de Estados Unidos, de Alemania o de Sudáfrica. El país que de esta manera viola los derechos de sus inmigrantes se llama México. Y lo peor de todo es que los mexicanos nos quejamos de las leyes migratorias de Estados Unidos, que son mucho más liberales que las nuestras.

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